Los abusos que estan cometiendo los colegios a fin de año

Las batallas entre padres de familia y colegios empiezan a fin de año un nuevo ‘round’: exámenes finales que no les dejan presentar a los niños por deudas con la institución o cobros extraordinarios para ‘ceremonias de graduación’, en grados diferentes a undécimo, son algunas de las prácticas irregulares en las que incurren ciertos establecimientos educativos.

Las comunes acciones, que vulneran el derecho a la educación, se evidencian por estas épocas en varios colegios del país y, por desconocimiento o miedo, no son denunciadas.

Si usted está siendo víctima de abusos de esta índole, tenga en cuenta que: expulsar o suspender al estudiante por deudas de sus padres, del año escolar que cursa, está prohibido.

Según lo aclara Maria Francy Salamea, directora de vigilancia y control de la Secretaría de Educación de Bogotá, “la institución tiene la obligación de dejarlo (al estudiante) presentar sus exámenes y terminar el año. No puede ser ni excluido, ni discriminado y mucho menos sancionado por la falta de pago”.

No obstante, el colegio podría determinar que sin el pago efectuado, se reservan el derecho de dejarlo cursar el siguiente grado. Asimismo, no estaría forzado a entregar certificaciones, y los padres, a su vez, tendrían la obligación de hacer acuerdos de pago con el colegio.

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En cuanto a los cobros por derechos de grado, Salamea asegura que “lo único que está autorizado por costos educativos para cobrar derechos de grado es en el grado once, cuando se obtiene el título de bachiller. Cuando un colegio decide hacer ceremonia de graduación de preescolar a primero, por ejemplo, lo debe incluir en el costo educativo”.

Es decir, que no puede llegar una circular a fin de año informando sobre este tipos de eventos y su pago extra, si este valor no se incluyó previamente en la resolución de costos educativos (documento que debe ser accesible a los padres desde inicio de calendario académico y que, generalmente, incluye los valores de matrícula, pensión y cobros periódicos como transporte, alimentación, certificados o salidas pedagógicas, estas últimas, voluntarias).

​Las sanciones a las que se exponen los establecimientos educativos en caso de estar incurriendo en estas acciones implican pérdidas económicas, en la medida en que el colegio para el siguiente año solo puede aumentar el 2 % de la tarifa, que generalmente se sube del 4 al 4,8 %; así como amonestaciones o suspensiones de licencia para operar.

Fuente: El Tiempo

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